Convención

Continuando donde terminó esta entrada, hoy vamos a hablar sobre la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, la cual en este momento se debe encontrar en Zapote, pues está en manos de nuestro señor presidente quien decidirá si la envía a la Asamblea Legislativa.

Pero, ¿De qué se trata este documento? ¿Es, en verdad, algo importante?

Para responder estas preguntas, les traigo un artículo escrito por Frank Ulloa, especialista en derechos humanos, que viene a servir de resumen sobre la mencionada convención:

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. DICIEMBRE 2006.

Por Frank Ulloa Royo.

26 de octubre de 2007.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, establecen el marco normativo internacional para que los estados adopten todas las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el mundo, dentro de nuevos conceptos éticos y nuevas practicas sociales que eviten la discriminación enquistada en nuestra sociedad.

La Convención referida y su protocolo, constituyen un paso histórico hacia una nueva perspectiva en la manera de abordar la situación de las personas con discapacidad. En el proceso de negociación participaron alrededor de 170 delegaciones durante ocho periodos de sesiones del Comité Especial, a lo largo de cuatro años. Sus disposiciones del tratado trascienden el modelo médico-asistencial, para dar paso al pleno reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos y miembros activos de la sociedad. Esta Convención se negoció como resultado de la iniciativa de México ante la Asamblea General de la ONU, en 2001, y representa una de las principales y más exitosas iniciativas presentadas en este rubro durante los últimos años.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el 13 de diciembre pasado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, cuyo fin es integrar al derecho internacional de los derechos humanos, un instrumento que garantice el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los más de 650 millones de personas con discapacidad en el mundo, lo que representa aproximadamente 10 por ciento de la población global.

En Costa Rica viene a beneficiar, si es ratificada a mas de quinientas mil personas de manera directa. Su principal objetivo es trasladar los derechos reconocidos internacionalmente a ámbitos concretos que permitan identificar los medios para eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, y lograr así el reconocimiento integral y el pleno ejercicio de todos sus derechos humanos, en igualdad de oportunidades en las distintas esferas de la vida en sociedad.

Esta llenará un importante vacío de protección jurídica en la materia. Incluye, entre otros, artículos sobre la accesibilidad del entorno físico, el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la habilitación y a la rehabilitación. También contiene disposiciones relativas a la participación en la vida política, el acceso a la justicia, a la información y a la libertad de expresión y la participación política. Existen disposiciones sobre la aplicación y vigilancia internacional, mediante las cuales se asegurará que los estados miembros cumplan con sus obligaciones en virtud de la Convención. Finalmente tiene un artículo relativo a la cooperación internacional, que no tiene precedentes en los tratados de derechos humanos, porque por primera vez se busca financiar la puesta en practica de los derechos, que hasta ahora han sido declarativos.

La Convención dotará al derecho internacional de un instrumento jurídicamente vinculante para que los gobiernos introduzcan gradualmente cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a las personas con discapacidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo implica para los Estados no solo la elaboración de leyes y medidas para mejorar los derechos de las personas con discapacidad, sino que además obliga un cambio de paradigma hacia dichas personas, en tanto que acuerda eliminar legislaciones, prácticas y costumbres que las discriminan. La Convención se abrió a la firma por los Estados a partir del 30 de marzo de 2007 y requerirá la ratificación de 20 estados miembros para entrar en vigor. Debemos exigir a nuestras autoridades no solo suscribir el instrumento. Se debe proceder cuanto antes a su ratificación por la Asamblea Legislativa. Esto ocurre en un contexto regional centroamericano en donde son otros los intereses que prevalecen y no precisamente los que se refieren a la ampliación de derechos humanos y de la seguridad social. El Protocolo reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que crea la Convención, para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado. De esta manera se abre un espacio para la denuncia internacional y crea la obligación de que los Estados anualmente envíen una memoria del cumplimiento de estos instrumentos internacionales.

Las organizaciones de personas con discapacidad, LOS SINDICATOS, LAS ORGANIZACIONES POPULARES TODAS, deben impulsar una estrategia para que esta propuesta empiece a cobrar vigencia, lo que significará una amplia lucha ideológica para el cambio de paradigmas, y una lucha política para darle contenido real a los derechos. Es por ello que debemos divulgar la información sobre estos instrumentos internacionales por todos los medios a nuestro alcance y poner este tema el debate nacional. Debemos comprometer a la clase política, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil como conjunto a acompañarnos en esta lucha.